En AVC Abogados estamos especializados en la Ley de la Segunda Oportunidad, una legislación española que ofrece a las personas físicas, incluyendo a los autónomos, una forma de renegociar o exonerar sus deudas bajo ciertas condiciones. Esta ley proporciona un mecanismo legal para que aquellos individuos que se encuentran en una situación económica insostenible puedan liberarse de sus deudas y comenzar de nuevo.
¿En qué consiste la Ley de la Segunda Oportunidad?
La Ley de la Segunda Oportunidad tiene como objetivo principal permitir que personas en situación de insolvencia, ya sea por causas personales o profesionales, puedan rehacer su vida sin estar permanentemente marcados por sus deudas. Esta legislación se estructura en dos fases principales:
1. Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP)
En esta fase, se busca llegar a un acuerdo con los acreedores para reestructurar la deuda de forma que sea viable para el deudor. Un mediador concursal es designado para ayudar a ambas partes a llegar a un entendimiento. Si se alcanza un acuerdo, se evita la liquidación de los bienes del deudor.
2. Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI)
Si el acuerdo extrajudicial no es posible o fracasa, el deudor puede solicitar la exoneración judicial de las deudas. Para ello, debe demostrar que ha actuado de buena fe, lo que implica haber intentado un acuerdo extrajudicial, no haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los últimos diez años y no haber rechazado una oferta de empleo adecuada en los últimos cuatro años, entre otros requisitos.
Ventajas de la Ley de la Segunda Oportunidad
Esta ley ha sido celebrada por diferentes agentes sociales desde que fue aprobada gracias a sus numerosos beneficios, tales como:
- Alivio financiero. La mayor ventaja es la posibilidad de liberarse de una carga de deuda insoportable, lo que permite al deudor reiniciar su vida financiera sin la presión constante de los acreedores.
- Evitar la exclusión social. Al permitir que las personas puedan rehacer sus vidas económicas, se impide que caigan en la exclusión social y económica, fomentando así su reintegración en la sociedad y la economía.
- Protección del patrimonio básico. La ley protege ciertos bienes esenciales del deudor, garantizando que pueda mantener un nivel de vida mínimo durante el proceso de renegociación o exoneración de la deuda.
- Facilitar la negociación con acreedores. La fase del Acuerdo Extrajudicial de Pagos posibilita una renegociación más amistosa y menos conflictiva con los acreedores, haciendo más factible llegar a acuerdos positivos para ambas partes.
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